El pasado 13 de agosto en sesión ordinaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y por unanimidad del pleno, el Magistrado Héctor Maldonado Bonilla fue designado Presidente del Poder Judicial en Tlaxcala, en sustitución de Fernando Bernal Salazar, quien debería concluir su periodo el próximo 31 de enero 2022, sin embargo 6 de los 7 magistrados decidieron destituirlo del cargo como presidente por haber incurrido en diversas irregularidades graves.
Así lo manifestó en conferencia de prensa, Héctor Maldonado como nuevo Presidente del TSJE, quien expuso las inconsistencias e irregularidades en las que habría incurrido Fernando Bernal Salazar durante su corta gestión al frente del poder Judicial en Tlaxcala.
Entre las observaciones destacan la excesiva carga a las finanzas de la institución a causa de la contratación de personal "injustificado" en áreas que no lo requieren y que representa un aumento a la nómina de hasta un 300% en áreas como presidencia, contraloría, tesorería, archivo judicial, entre otras.
Pasaron de 625 a 742 trabajadores, 117 personas más, que no justifican su actividad en ninguna de las áreas donde se les asignó, por lo que de acuerdo al Presidente Maldonado Bonilla, se realizará una minuciosa revisión para determinar o re-estructurar las áreas y al personal adscrito a las mismas.
"...Como garantes de justicia, respetaremos los derechos laborales de los trabajadores" señaló Maldonado Bonilla.
De igual manera anunció que se llevará a cabo una auditoría a la obra pública que actualmente ejecuta el TSJE, para determinar si la aplicación de recursos se ajusta a los proyectos presentados con anterioridad.
Entre otras irregularidades, Maldonado Bonilla puntualizó que se detectaron graves anomalías en la adquisición de equipo e insumos para proteger al personal del Poder Judicial y a usuarios de contagios por Covid-19, cubrebocas con elevados costos, líquidos limpiadores o gel antibaterial con exorbitantes precios.
Asimismo señaló que de manera inapropiada se utilizó el recurso denominado “Juicio de protección de derechos constitucionales” en favor de amistades o como favor político para librar las determinaciones que el Congreso del Estado emitió en el caso de la renovación de la Presidencial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Presidencia de la Sala Penal de Justicia para Adolescentes.
En el Poder Judicial nunca más un “Juicio de Protección Constitucional” podrá ser utilizado como instrumento político: Maldonado Bonilla
Por último el Presidente del Tribunal Superior de Justicia se comprometió a que estos señalamientos y acusaciones, no quedaran en lo mediático, habrá sanciones y se fincaran responsabilidades que van encaminadas a fortalecer el trabajo del Consejo de la Judicatura y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.