¿Comprometida con el crimen? Activistas piden separar a diputada Lorena Ruiz tras graves acusaciones

Activistas y ciudadanos de Tlaxcala entregaron este día un documento al Congreso del Estado para solicitar que la diputada Lorena Ruiz García, identificada como “neoMorenista”, solicite licencia a su cargo mientras se resuelve la situación jurídica de su pareja sentimental.

El pasado 20 de septiembre de 2024, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), detuvo a Carlos N., conocido en Tlaxcala como José Alberto N. y alias “El Paletas”, de aproximadamente 40 años. Según ha declarado públicamente la diputada, Carlos N. es su pareja sentimental y padre de sus hijos. Su detención ocurrió a las afueras de un restaurante en el municipio de Apizaco, acusado del presunto delito de delincuencia organizada.

Por su parte, Lorena Ruiz García, quien preside la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, ha sido señalada por los firmantes del documento de promover iniciativas legislativas que, según ellos, carecen de un análisis adecuado y vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión.

El documento, firmado por abogados, periodistas, comunicadores y representantes de la sociedad civil, señala que la diputada habría utilizado su investidura de manera indebida al presentar una propuesta que presuntamente tenía como objetivo beneficiarse y a su pareja por estar relacionada con un proceso judicial. Además, se denuncia que desde el equipo de la legisladora se habrían generado ataques en redes sociales hacia activistas y comunicadores.

Periodistas realizaron una quema simbólica en protesta contra la iniciativa de la Diputada Lorena Ruiz Gacía (ESIMAGEN)

“Su actuar pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones”, declararon los firmantes, encabezados por la abogada Yeny Charrez Carlos, quien también enfatizó la necesidad de que Ruiz García deje temporalmente el cargo mientras se aclara su situación legal, en la que también está involucrado su esposo.

Entre las demandas incluyen una disculpa pública por los ataques dirigidos hacia activistas y periodistas, así como un compromiso por parte de los legisladores de presentar iniciativas basadas en estudios sólidos y acordes a los principios de ética y responsabilidad.

La petición está en manos del Congreso del Estado, que deberá determinar los pasos a seguir. Mientras tanto, los ciudadanos reiteraron su llamado a garantizar un trabajo legislativo apegado a los valores democráticos y el respeto por los derechos fundamentales.

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