¿Censura y protección? Diputada presenta iniciativa que podría silenciar a los medios en Tlaxcala
En la primera sesión del segundo periodo ordinario de la LXV Legislatura de Tlaxcala, la diputada Lorena Ruiz García presentó una iniciativa que busca tipificar como delito la difusión indebida de imágenes relacionadas con procesos penales. Esta propuesta ha generado controversia debido al reciente escándalo que vincula a la diputada con una persona detenida por presuntos nexos con el crimen organizado.
La iniciativa, que pretende adicionar el Artículo 187 BIS al Código Penal del Estado, propone sancionar con penas de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta 501,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a periodistas, creadores de contenido digital y servidores públicos que difundan imágenes, audios o documentos relacionados con procesos penales. Además, establece un incremento de las penas si la difusión tiene como objetivo dañar la dignidad de las víctimas, especialmente mujeres, niñas o adolescentes.
Según la diputada, la exposición pública de estos materiales vulnera la intimidad de las víctimas, dificulta su recuperación y afecta las investigaciones judiciales. También aseguró que la propuesta busca garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y evitar la revictimización, en línea con iniciativas como la “Ley Ingrid.”
La Controversia: Una Ley en Medio del Escándalo
La polémica no solo surge por el contenido de la propuesta, sino por quién la presenta. Apenas hace unos días, se informó sobre la detención de una persona en Apizaco, vinculada al crimen organizado, cuya relación sentimental con la diputada Ruiz fue ampliamente difundida en medios de comunicación y redes sociales ya que se trataría de su esposo.
Fue la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) que logró detener a Carlos N., quien se identificaba en Tlaxcala como José Alberto N., de aproximadamente 40 años de edad, alias “El Paletas”, a las afueras de un restaurante del municipio de Apizaco, por el presunto delito de delincuencia organizada..
Este antecedente ha levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones de la iniciativa. Algunos críticos argumentan que esta ley podría ser utilizada como un mecanismo de censura para silenciar investigaciones o publicaciones que expongan vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.
Implicaciones para la Libertad de Expresión
Organizaciones de periodistas y activistas han expresado su preocupación por el impacto que esta ley podría tener en la libertad de expresión y el derecho a la información. La criminalización de la difusión de materiales relacionados con procesos penales podría limitar el trabajo de los medios de comunicación, que juegan un papel fundamental en la denuncia de irregularidades y en la rendición de cuentas de funcionarios públicos.
“La iniciativa podría interpretarse como un intento de proteger intereses particulares bajo el pretexto de defender a las víctimas,” señala un periodista local que prefirió mantenerse en el anonimato.
Un Debate Necesario
La propuesta, que ha sido turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, plantea un dilema entre proteger la privacidad de las víctimas y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien la protección de los derechos de las víctimas es un tema prioritario, la posibilidad de que esta ley sea utilizada para silenciar críticas o denuncias legítimas representa un riesgo significativo.
En un contexto donde el crimen organizado y la política han mostrado tener nexos preocupantes, resulta esencial cuestionar si esta iniciativa busca realmente proteger a las víctimas o simplemente evitar que los vínculos incómodos de algunos políticos sean expuestos al escrutinio público.
La discusión está abierta, y el debate sobre los límites entre la protección de derechos y la censura es más urgente que nunca en Tlaxcala.
