Miriam Martínez llama a municipios de Tlaxcala a actualizar urgentemente sus reglamentos de movilidad
La diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez presentó ante el Pleno la Iniciativa por la que propone exhortar a los 60 ayuntamientos del Estado de Tlaxcala a armonizar, en el ámbito de su competencia, sus reglamentaciones municipales conforme a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, con especial énfasis en la regulación del uso de motocicletas.
Durante la exposición de motivos, la legisladora recordó que existe un plazo de 180 días naturales para que los municipios actualicen su normativa. Sin embargo, tras una revisión se constató que ningún Ayuntamiento ha cumplido cabalmente con esta disposición legal.
Martínez Sánchez enfatizó que esta armonización es urgente y necesaria para garantizar el derecho humano a la movilidad, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho también está reconocido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y en la legislación estatal.
La diputada detalló que, aunque cinco municipios han publicado reglamentos en materia de tránsito y transporte, estos no hacen referencia expresa a la Ley de Movilidad, ni incorporan los principios rectores de su artículo 7, como:
- Seguridad vial
- Inclusión
- Sostenibilidad
- Participación ciudadana
Miriam Martínez subrayó la necesidad de regular con enfoque de derechos humanos el uso de motocicletas, ya que para miles de personas en zonas rurales o marginadas representan un medio de transporte legítimo y necesario. La falta de un marco normativo adecuado pone en riesgo no solo la seguridad vial, sino también el ejercicio pleno de un derecho fundamental.
Sólo mediante una acción normativa coordinada entre municipios y Estado se podrá garantizar la protección de la vida, la integridad física y la movilidad segura de todas las personas en Tlaxcala.
La iniciativa con Proyecto de Acuerdo fue presentada durante la Trigésima Quinta sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis, estudio y dictamen correspondiente.
