La senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera respaldó con su voto dos nuevas leyes que marcan un cambio profundo en el modelo de seguridad pública en México, apostando por la inteligencia, la legalidad y la coordinación institucional.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera respaldó con su voto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General en Materia de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública, ambas aprobadas por el Senado de la República. Afirmó que representan un avance sustantivo en la consolidación de un modelo de seguridad más eficiente, articulado y con mayor legitimidad ante la sociedad, además de que responden a una necesidad evidente pero postergada por el Estado mexicano: contar con un marco legal claro, moderno y riguroso.
En el caso de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sostuvo que durante años México enfrentó una política de seguridad fragmentada, con respuestas reactivas y poca coordinación entre órdenes de gobierno. El nuevo ordenamiento corrige el rumbo, fortaleciendo las instituciones, promoviendo la corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno y poniendo en el centro la prevención, la inteligencia y la cooperación como principios rectores de la acción estatal.
Afirmó que este instrumento da coherencia jurídica a los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual parte de que la seguridad se construye desde las causas, con instituciones sólidas y con inteligencia estratégica, no sólo con despliegues reactivos.
“Esta Ley distribuye competencias, evita duplicidades, promueve la colaboración y otorga a cada nivel de gobierno las herramientas necesarias para cumplir con su función. Reconoce el papel estratégico de los municipios y establece la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal como un espacio real de diálogo y decisión, porque la seguridad no se impone desde el centro, sino desde el territorio”, sostuvo.
También destacó el tema de la profesionalización, pues la nueva ley establece estándares homogéneos para la formación, certificación y carrera policial en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se refuerza el uso de inteligencia y análisis de datos, fortaleciendo el Sistema Nacional de Información en materia de seguridad pública, con criterios de interoperabilidad, respeto a la legalidad y salvaguarda de los derechos humanos.
“Quiero destacar que este dictamen también responde a criterios de responsabilidad fiscal: no implica un incremento presupuestario, sino un rediseño institucional que optimiza recursos y mejora la coordinación entre actores del sistema”, dijo.
Referente a la Ley General en Materia de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública, Rivera afirmó que en el pasado las tareas de inteligencia e investigación operaron en un terreno normativo fragmentado, con escasos controles y facultades poco definidas, lo cual limitaba su eficacia.
Subrayó que el nuevo ordenamiento corrige esos vacíos al establecer reglas claras, definiciones precisas y límites firmes para garantizar que las herramientas que ahora tendrán las instituciones de seguridad se usen con legalidad, responsabilidad y pleno respeto a los derechos humanos.
“El dictamen distingue con claridad entre dos funciones distintas, pero complementarias: la investigación, orientada a esclarecer hechos delictivos; y la inteligencia, enfocada en prevenir riesgos y amenazas a la seguridad. Esta distinción permite una organización más racional del sistema de seguridad pública y evita que se confundan tareas o se dupliquen esfuerzos”, explicó.
Además, esta Ley crea unidades especializadas con personal capacitado, procedimientos definidos y objetivos estratégicos. Establece mecanismos de interoperabilidad que facilitarán el intercambio de información entre instituciones, bajo principios de objetividad, confidencialidad y supervisión institucional.
No sólo eso, sino que también crea espacios de coordinación como el Consejo Nacional y los consejos estatales en la materia, “lo que permitirá articular las capacidades de los tres órdenes de gobierno”.
Por todo ello, Rivera Rivera afirmó que ambas leyes forman parte del nuevo andamiaje legal que el Estado mexicano necesita, a fin de establecer una seguridad pública eficaz, no construida con improvisación ni ocurrencias, sino con estrategia, instituciones sólidas e inteligencia.
-
-
-
-
