Aunque el Poder Judicial de Tlaxcala afirma haber atendido las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), los casos de duplicidad de cargos, sueldos cuestionables y falta de sanciones revelan una administración deficiente bajo el mando de Anel Bañuelos Meneses.
Inconsistencias, duplicidad de cargos y ausencia de consecuencias
La reciente respuesta del Poder Judicial de Tlaxcala a las observaciones del OFS busca minimizar el hallazgo de al menos 91 casos de empleados con presunta incompatibilidad de horarios, una práctica asociada comúnmente a los llamados “aviadores”. Aunque oficialmente solo quedan pendientes cuatro expedientes por solventar, los casos documentados exhiben una gestión permisiva, opaca y sin consecuencias claras.
Entre los señalados destaca Germán Mendoza Papalotzi, actual consejero de la Judicatura y recientemente electo magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Según el OFS, habría cobrado más de 646 mil pesos en 2024 pese a estar simultáneamente en nómina de la extinta Procuraduría General de Justicia. Aunque el TSJE asegura que no hubo incompatibilidad, la falta de sanción y la posterior promoción del funcionario ponen en entredicho la integridad del sistema.
El caso de Samuel Morales Pulido también revela una red de irregularidades normalizadas. Mientras recibía casi medio millón de pesos del TSJE, figuraba como servidor público en la Secretaría de Movilidad. Su historial muestra cargos simultáneos y contradicciones entre su currículum y sus declaraciones patrimoniales, sin que hasta ahora haya tenido consecuencias legales.
Transparencia de discurso, opacidad en la práctica
La presidenta del Poder Judicial, Anel Bañuelos Meneses, ha reiterado su “compromiso con la transparencia”, pero los hechos desmienten sus declaraciones. Las irregularidades detectadas, la falta de seguimiento y las justificaciones tardías revelan una administración más preocupada por controlar el daño mediático que por garantizar una rendición de cuentas efectiva.
Peor aún, según el propio titular del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela, desde 2017 se han presentado 140 denuncias por malversación de recursos públicos, de las cuales apenas el 15% han sido atendidas. Aunque no se precisa cuántas involucran directamente al TSJE, la falta de resultados en la mayoría de los casos refuerza la percepción de complicidad institucional.
Los casos recientes de presunta corrupción dentro del Poder Judicial de Tlaxcala evidencian una mala administración, marcada por la permisividad y la impunidad. A pesar de que las observaciones del OFS fueron “solventadas” en papel, la falta de sanciones, las inconsistencias documentales y la continuidad de funcionarios cuestionados en el servicio público reflejan un sistema que normaliza el abuso de recursos y la falta de ética institucional. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando justicia, transparencia y responsabilidad.
