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Intereses políticos tras protestas por el Parque de la Juventud

El diálogo abierto por el Gobierno del Estado de Tlaxcala en torno al proyecto de rehabilitación del Parque de la Juventud volvió a toparse con la negativa de un grupo de ciudadanos que, pese a la invitación oficial, rehusó sentarse a dialogar. Entre voces ciudadanas y ambientales, empiezan a surgir señales de que actores políticos buscan capitalizar el conflicto.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), reiteró que mantendrá abiertos los canales de comunicación para escuchar propuestas de ambientalistas, usuarios y personas interesadas en conocer los detalles del proyecto. Además, pidió a la población no dejarse llevar por la desinformación.

La invitación al diálogo fue rechazada por un grupo de ciudadanos que acudió al Zócalo de Tlaxcala, donde los esperaban el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado; el secretario de Infraestructura, Eduardo Hernández Tapia; y la directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Lucero Morales Tzompa, junto con personal de la Secretaría de Gobierno. El grupo finalmente se retiró sin participar en la mesa de trabajo.

Aquino Alvarado reiteró que no se talará ningún árbol en la ejecución del proyecto y que, por el contrario, se prevé la plantación de más de 100 árboles, así como arbustos y otras especies de menor tamaño. Lucero Morales Tzompa agregó que la propuesta surge de una consulta presencial con 900 usuarios del parque, en la cual la mayoría solicitó su rehabilitación y mantenimiento.

Mientras el gobierno sostiene que la obra busca rescatar y dignificar espacios públicos, algunos sectores ciudadanos consideran que detrás de las protestas podría existir una movilización con tintes políticos. En redes y declaraciones locales, se ha señalado la presencia de [Por confirmar: actores vinculados a partidos o grupos de interés] que, según distintas versiones, buscan posicionarse a través del descontento ambiental.

Los funcionarios reiteraron que la administración estatal trabaja para todas las personas, escuchando las voces ciudadanas y priorizando el desarrollo sostenible y la construcción de la paz. Sin embargo, el episodio deja ver cómo la disputa por un espacio público puede convertirse en terreno fértil para intereses políticos, más allá del debate ambiental o comunitario.

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