Alertan posible ofensiva judicial para inhibir a sobrevivientes del caso Trevi–Andrade
La actuación del Juzgado 43 de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México contra Liliana Soledad Regueiro Ludueña ha sido presentada por defensas, especialistas y personas vinculadas al caso Trevi–Andrade como parte de un posible patrón de revictimización y silenciamiento de sobrevivientes de trata de personas, especialmente por tratarse de una ciudadana que no reside ni tiene actividad en México.
De acuerdo con estos señalamientos, Liliana —ciudadana argentina con nacionalidad española y residente en los Países Bajos— habría sido objeto de actuaciones judiciales ordenadas por un juez mexicano pese a no vivir en territorio nacional ni mantener vínculos personales o profesionales en el país. Esta intervención ha sido cuestionada por una presunta falta de jurisdicción territorial y por lo que defensas consideran una posible vulneración al debido proceso.
Contexto del caso Trevi–Andrade
Estas acciones han sido situadas por especialistas dentro del contexto del denominado caso Trevi–Andrade, identificado por organizaciones y sobrevivientes como uno de los episodios más graves de abuso sexual, esclavitud, violencia psicológica y trata de niñas y adolescentes en América Latina.
Actualmente se mantienen procedimientos civiles en la Superior Court of California, County of Los Angeles, bajo los números Case No. 22GDCV01128 y Case No. 23GDCV02700, promovidos por víctimas identificadas como Jane Does contra Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, Sergio Gustavo Andrade Sánchez y María Raquenel Portillo Jiménez. Según las partes involucradas, estos procesos investigan hechos presuntamente cometidos cuando las víctimas eran menores de edad y tendrían un juicio previsto para octubre de 2026 en California, un contexto que, de acuerdo con analistas y defensas, sería relevante para entender el momento e intensidad de recientes acciones judiciales en México.
Testimonio internacional y posibles efectos intimidatorios
El 10 de diciembre de 2025, durante la Rome Conference 2025 celebrada en Roma, una sobreviviente del caso Trevi–Andrade ofreció un testimonio público en un foro internacional sobre trata de personas y esclavitud moderna, ante expertos de Naciones Unidas, autoridades estatales y organizaciones internacionales. Tras este hecho, diversas voces han señalado que, aunque las actuaciones en México no se dirigen formalmente contra la persona que declaró, el uso de mecanismos judiciales en días posteriores podría generar un efecto intimidatorio para las sobrevivientes, incluida Liliana.
Las acciones cuestionadas se relacionan con contenido expresivo difundido desde plataformas digitales operadas en los Países Bajos, es decir, fuera de territorio mexicano. Defensas y especialistas argumentan que esta actividad estaría cubierta por estándares anti-SLAPP de la Unión Europea, creados para evitar el uso del sistema judicial como herramienta de censura o desgaste frente a expresiones de interés público.
Diversos análisis apuntan además a que México no cuenta con legislación anti-SLAPP, lo que, según estas voces, ha permitido el uso de denuncias penales y civiles como mecanismos de presión. Se afirma que existen más de 20 denuncias en México contra víctimas y sobrevivientes del caso Trevi–Andrade, que habrían sido utilizadas —según señalamientos de defensorías— para callar o intimidar a quienes participan públicamente.
Las sobrevivientes del caso eran menores de edad al momento de los hechos, por lo que especialistas refieren que se activa un régimen reforzado de protección internacional al amparo de la Convención de Palermo y sus Protocolos, que obligaría a las autoridades a prevenir revictimización, brindar protección integral y evitar medidas intimidatorias. Entre las prácticas cuestionadas se mencionan citaciones sin notificación válida, uso de canales informales como WhatsApp, ausencia de intervención consular y falta de análisis de proporcionalidad en eventuales restricciones a la expresión, lo que —según estas observaciones— podría implicar riesgos para el Estado mexicano en materia de responsabilidad internacional.
Analistas y organizaciones advierten que estas actuaciones enviarían un mensaje preocupante: que hablar, denunciar o acompañar públicamente a víctimas puede derivar en procedimientos judiciales, incluso cuando la actividad se realice fuera de México y bajo marcos de protección internacional. Este efecto inhibitorio, señalan, podría impactar la participación de víctimas y testigos en el juicio programado para octubre de 2026 en California.
De fondo, lo que plantean defensas y especialistas es la relevancia de garantizar que las víctimas puedan expresarse sin temor, proteger el debido proceso y evitar que los sistemas judiciales se utilicen —según los señalamientos— como herramientas de silenciamiento. Para estos sectores, intentar callar a las sobrevivientes no modifica los hechos denunciados; únicamente evidenciaría que la verdad continúa resultando incómoda para ciertos actores involucrados.
