La senadora Ana Lilia Rivera Rivera votó a favor de la reforma al artículo 127 constitucional para establecer criterios de justicia y responsabilidad presupuestaria en los esquemas de jubilaciones y pensiones financiados con recursos públicos, al considerar que la medida permite ordenar los sistemas de retiro del Estado y fortalecer la confianza ciudadana en el Gobierno.
De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, una pensión digna es un derecho legítimo de las personas trabajadoras; sin embargo, también consideró indispensable garantizar que los recursos públicos destinados a este fin se administren bajo principios de justicia, proporcionalidad y responsabilidad presupuestaria, a fin de evitar excesos en algunos esquemas de retiro.
“Es importante decirlo con claridad: esta reforma no elimina el derecho a una pensión ni desconoce la dignidad que debe acompañar a toda jubilación después de una vida de trabajo”, afirmó.
Orden presupuestario y coherencia constitucional
Rivera Rivera explicó que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada este miércoles por unanimidad en el Senado, estableció un criterio que, en su postura, resulta razonable: si la Constitución fija límites para las remuneraciones en el servicio público, también es lógico definir parámetros para las pensiones que se pagan con recursos del Estado.
“Con ello se fortalece la coherencia de nuestro marco constitucional y se reafirma un principio fundamental de la vida pública: el dinero del pueblo debe administrarse con honestidad”, señaló.
Asimismo, la senadora precisó que la reforma no afectó los ahorros individuales para el retiro ni los sistemas construidos con aportaciones de las y los trabajadores, y sostuvo que tampoco puso en riesgo los apoyos sociales que reciben millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad en el país.
Servicio público sin privilegios
Durante su intervención, Ana Lilia Rivera enfatizó que el servicio público debe entenderse como un auténtico servicio a la población y no como un espacio para sostener privilegios financiados con recursos de la sociedad. En ese sentido, señaló que la reforma buscó armonizar dos principios: garantizar el derecho a una pensión digna y, al mismo tiempo, asegurar el manejo responsable de los recursos públicos.
