La diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala una Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar el artículo 152 Bis al Código Penal del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de sancionar penalmente a las personas servidoras públicas que ejerzan atribuciones que no tengan conferidas legalmente.
Durante la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que el principio de seguridad jurídica establece que las autoridades únicamente pueden realizar las acciones que la ley les faculta de manera expresa, por lo que cualquier actuación fuera de su competencia vulnera derechos y debilita el Estado de Derecho.
En ese sentido, señaló que la certeza jurídica implica que la ciudadanía cuente con la garantía de que sus derechos serán respetados y de que las autoridades actuarán dentro de los límites establecidos por la ley.
La iniciativa plantea que el marco jurídico estatal no contempla actualmente un tipo penal específico para sancionar a servidoras y servidores públicos que ejerzan atribuciones que no les corresponden, lo que —de acuerdo con la propuesta— puede propiciar conductas arbitrarias o abusivas.
Según el planteamiento, esta ausencia normativa genera incertidumbre jurídica y afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, al no existir una sanción penal dirigida expresamente a estas conductas.
Por ello, el proyecto propone adicionar el artículo 152 Bis al Código Penal local para establecer que se impondrá una pena de cinco a once años de prisión y una multa de doscientas a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a la persona servidora pública que ejerza atribuciones que no tenga expresamente conferidas, o que se valga de las que tenga para realizar, ordenar o inducir actos arbitrarios, o causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.
Tras su presentación ante el Pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un artículo al Código Penal del Estado de Tlaxcala en materia de usurpación de atribuciones que realicen los servidores públicos fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
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