Maribel Cervantes propone ley para indemnizar daños por baches y vialidades en mal estado
En la vigésima tercera Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Maribel Cervantes Hernández presentó ante el Pleno una Iniciativa con Proyecto de Ley para crear la Ley de Responsabilidad Vial y Protección contra Daños por Infraestructura Pública del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de establecer mecanismos que garanticen la reparación de daños ocasionados a la ciudadanía por el mal estado de las vialidades.
Durante la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que la infraestructura vial es clave para la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico y social de la entidad; sin embargo, advirtió que el deterioro de calles, avenidas y caminos se ha convertido en un factor de riesgo que puede derivar en accidentes de tránsito y afectar la economía familiar, especialmente cuando los vehículos representan herramientas de trabajo.
Como parte del argumento, la iniciativa refiere datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los cuales en 2024 se registraron aproximadamente mil 805 accidentes de tránsito en Tlaxcala, con la participación de más de tres mil 200 vehículos. El documento también subraya que las motocicletas se encuentran entre los vehículos con mayor participación en este tipo de siniestros, lo que incrementa la vulnerabilidad de sus conductores cuando existen condiciones deficientes en la infraestructura vial.
Responsabilidad patrimonial y reporte ciudadano
Ante este panorama, la propuesta plantea establecer la responsabilidad patrimonial del Estado y de los municipios cuando los daños a vehículos o personas sean consecuencia del mal estado de la infraestructura vial, como baches, pavimento deteriorado o falta de señalización.
Entre sus disposiciones principales, la iniciativa propone la creación de un sistema estatal de reporte ciudadano sobre infraestructura vial y la obligación de que el Estado y los municipios cuenten con un seguro o fondo para cubrir indemnizaciones por daños atribuibles a la infraestructura. También contempla sanciones para autoridades que incumplan con tareas de mantenimiento o reparación de vialidades, además de medidas para prevenir reclamaciones indebidas mediante mecanismos de verificación de la información presentada por los solicitantes.
Tras su presentación, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Movilidad, Comunicaciones y Transporte y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
