Proponen en el Congreso de Tlaxcala apoyo económico para comisariados ejidales

Durante la vigésima séptima Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Gabriela Hernández Islas presentó ante el Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto para crear la Ley de Apoyo Económico a las Personas Titulares de la Comisaría Ejidal del Estado de Tlaxcala, con la que busca establecer un mecanismo de respaldo económico que contribuya a dignificar esta función y fortalecer el desarrollo rural en la entidad.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que en Tlaxcala existen más de 200 comisarías ejidales cuyos titulares realizan tareas clave, como la representación legal de los núcleos agrarios, la administración de bienes y la gestión de apoyos gubernamentales. Sin embargo, afirmó que estas responsabilidades se ejercen sin remuneración, pese a que con frecuencia deben destinar recursos propios para cumplir con el cargo.
Apoyo periódico sin carácter salarial
La propuesta plantea otorgar un apoyo económico periódico sin carácter salarial, enfocado a cubrir gastos derivados del ejercicio de la comisaría ejidal, entre ellos traslados, gestiones administrativas y asistencia a reuniones institucionales. Hernández Islas argumentó que la falta de respaldo económico genera desigualdad y limita la participación en estos cargos comunitarios.
La iniciativa también establece que el apoyo sea otorgado por el Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Impulso Agropecuario, bajo criterios de equidad territorial. Para ello, considera factores como el número de ejidatarios y el grado de marginación de cada núcleo agrario, además de incorporar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y sanciones en caso de incumplimiento.
La diputada sostuvo que la medida busca fortalecer la organización ejidal, incentivar la participación responsable y contribuir al desarrollo integral del campo tlaxcalteca, al reconocer el papel que desempeñan las personas comisariadas en la vida comunitaria.
Tras su presentación, la Iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.






