La diputada Lorena Ruiz García propuso reformar el Código Penal de Tlaxcala para garantizar que los delitos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y personas que no puedan comprender el hecho o resistirse a él sean perseguidos de oficio, sin depender de denuncias o ratificaciones de tutores.
La iniciativa, presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, plantea adicionar el artículo 295 Quinquies al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el propósito de eliminar obstáculos que puedan retrasar el acceso a la justicia en casos de violencia sexual contra menores.
En la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que el Interés Superior de la Niñez obliga al Estado a remover cualquier barrera que limite la protección de víctimas menores de edad. También advirtió que retrasar investigaciones por formalismos administrativos representa una omisión contraria a los estándares nacionales e internacionales de protección a la infancia.
Buscan investigaciones inmediatas
Ruiz García señaló que, aunque actualmente estos delitos no requieren querella, en la práctica ministerial suelen registrarse retrasos cuando se espera la denuncia o ratificación de madres, padres o representantes legales.
De acuerdo con la diputada, esa situación puede afectar la obtención inmediata de pruebas periciales y obstaculizar el acceso a la justicia, especialmente cuando el entorno cercano de la víctima pudiera representar un factor de riesgo.
La reforma busca obligar a las autoridades ministeriales a actuar de manera inmediata ante cualquier noticia criminal relacionada con posibles delitos sexuales contra menores, sin supeditar el inicio de la investigación a la comparecencia de tutores o familiares.
Debida diligencia reforzada
Lorena Ruiz también refirió criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la debida diligencia reforzada y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
