La diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez planteó ante el Congreso del Estado incorporar a la legislación electoral de Tlaxcala una causal autónoma de nulidad de elección cuando se acredite violencia política contra las mujeres en razón de género de forma grave, sistemática y determinante para el resultado.
La propuesta busca adicionar el artículo 99 Ter a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala, con el fin de fortalecer los mecanismos legales frente a conductas que vulneren la igualdad sustantiva, la paridad y la equidad durante una contienda electoral.
Durante la trigésima quinta Sesión Ordinaria, Martínez Sánchez sostuvo que la democracia constitucional requiere herramientas eficaces para garantizar elecciones auténticas, libres y equitativas, especialmente cuando se presentan actos que afectan directamente los derechos político-electorales de las mujeres.
La legisladora señaló que la violencia política contra las mujeres en razón de género no debe tratarse como una irregularidad secundaria, ya que puede distorsionar la competencia democrática e inhibir la participación política femenina.
De acuerdo con la iniciativa, este tipo de violencia puede manifestarse mediante campañas de descalificación, intimidación, hostigamiento, violencia simbólica o violencia digital dirigidas a limitar o afectar la participación de las mujeres en la vida pública.
El proyecto plantea que una elección podrá declararse nula cuando existan actos acreditados de manera objetiva y material que cumplan tres condiciones: que sean graves, sistemáticos y determinantes para el resultado electoral.
Además, la propuesta establece criterios para valorar esos elementos y contempla que la determinancia podrá presumirse cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar sea igual o menor al cinco por ciento.
La iniciativa también prevé que, aun con una diferencia mayor, la determinancia pueda acreditarse mediante un análisis integral de los hechos.
Tras su presentación, el proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Asuntos Electorales y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, donde será estudiado, analizado y dictaminado.
