El Gobierno del Estado fortalecerá el Programa de Regularización de la Tenencia del Suelo en Tlaxcala con la meta de entregar 500 escrituras gratuitas este año y brindar certeza patrimonial a familias de los 60 municipios que no cuentan con escrituras o títulos de propiedad.
La estrategia se realizará mediante un convenio específico de colaboración y coordinación interinstitucional con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), a través del cual se dará acompañamiento legal, condonación de trámites municipales y estatales, además de apoyo jurídico para agilizar procesos administrativos y judiciales.
Durante los “Diálogos Circulares” de la Coordinación de Comunicación, el director de Notarías y Registro Público del Estado, Jeremy Martin Rocha Domínguez, informó que el programa atenderá a personas que solo cuentan con constancias municipales, documentos familiares o antecedentes de posesión que no acreditan el dominio pleno de sus predios.
El funcionario señaló que un proceso de regularización puede representar para una familia un gasto de al menos 100 mil pesos, por concepto de abogados, trámites municipales, avalúos y dictámenes especializados, como los que emite Conagua en predios colindantes con cuerpos de agua.
También indicó que estos procedimientos pueden tardar por lo menos seis meses, por lo que el convenio busca reducir tiempos, costos y cargas administrativas para la ciudadanía.
Acompañamiento hasta obtener la sentencia
Rocha Domínguez explicó que el convenio permitirá acompañar a las personas desde la integración del expediente hasta la obtención de una sentencia de usucapión y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.
El objetivo central del convenio es establecer bases, procedimientos y estrategias conjuntas para acompañar a las personas durante el proceso de regularización. La meta planteada para este año es entregar 500 escrituras gratuitas.
El programa contempla la instalación de módulos de atención ciudadana en los municipios, donde se orientará a las personas interesadas, se recibirán documentos y se integrarán expedientes.
Como parte del esquema, los ayuntamientos condonarán pagos relacionados con constancias de posesión, impuesto predial, manifestación catastral y avalúos.
Por su parte, la Dirección de Notarías y Registros Públicos exentará certificados de inscripción y no inscripción, así como la inscripción de sentencias de usucapión, figura legal que permite acreditar la propiedad cuando existe posesión continua y comprobable del predio.
Participan municipios, Poder Judicial e INSUS
En la estrategia participan los 60 municipios, el Poder Judicial del Estado, la Dirección de Notarías y Registros Públicos, el Instituto de Catastro, la Defensoría Pública, la Oficialía Mayor y otras instancias vinculadas al proceso.
La Defensoría Pública será responsable de elaborar y presentar las demandas correspondientes, así como de dar seguimiento jurídico. A su vez, el Poder Judicial designará proyectistas en juzgados civiles para agilizar los procedimientos relacionados con las listas de personas beneficiarias remitidas por el programa.
Una vez emitida la sentencia, la persona beneficiaria solo deberá cubrir el Impuesto Sobre la Renta, al tratarse de una obligación federal; mientras que el Registro Público realizará de manera gratuita la inscripción correspondiente.
Como beneficio adicional, quienes concluyan el proceso serán inscritos sin costo al sistema de alerta registral, mecanismo que permite conocer avisos o movimientos relacionados con su propiedad y fortalecer la seguridad patrimonial sobre los bienes familiares.
Rocha Domínguez precisó que la estrategia también incluye predios ejidales y núcleos agrarios, por lo que ya se han sostenido reuniones con 20 núcleos agrarios.
Las personas interesadas pueden acercarse a la delegación del INSUS en Tlaxcala, ubicada en Avenida 20 de Noviembre, número 46B, colonia Centro, en Tlaxcala, o llamar al teléfono (246) 462 9440 para conocer el estatus de sus predios e iniciar el proceso correspondiente.
Con este esquema, Tlaxcala busca reducir costos, acercar servicios jurídicos a los municipios y atender tanto propiedad privada como predios ejidales y núcleos agrarios, para que más familias pasen de la posesión informal a la seguridad legal de su patrimonio.
