Lorena Ruiz suma cinco años al frente de comisión contra la trata sin resultados públicos verificables
Lorena Ruiz García está por cumplir cinco años consecutivos como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas del Congreso de Tlaxcala, pero el Poder Legislativo no ha publicado una evaluación integral que permita conocer sus resultados, criterios de permanencia ni acciones específicas frente a este delito.
Su gestión ha atravesado dos legislaturas, tres posiciones políticas y una controversia relacionada con la detención de su pareja, un caso que abrió cuestionamientos sobre la idoneidad, transparencia y rendición de cuentas en una de las comisiones vinculadas con uno de los problemas más sensibles de Tlaxcala.
Ruiz García llegó al Congreso local en 2021 bajo las siglas del Partido del Trabajo y, desde el inicio de la LXIV Legislatura, recibió la presidencia de la comisión.
En 2023 se separó políticamente del PT para respaldar el proyecto presidencial de Claudia Sheinbaum. Un año después obtuvo la reelección como diputada del Distrito IV de Apizaco por la coalición encabezada por Morena y, al instalarse la LXV Legislatura, fue designada nuevamente al frente del mismo órgano legislativo.
De acuerdo con la información curricular publicada por el Congreso, la legisladora cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas. No se reporta en ese perfil una trayectoria técnica especializada en investigación criminal, atención a víctimas o combate a la explotación sexual.
La asignación de las presidencias de comisiones depende de acuerdos, negociaciones y votaciones entre los grupos parlamentarios, no de concursos técnicos ni de evaluaciones públicas de desempeño.
La detención que abrió cuestionamientos
En septiembre de 2024, distintos medios informaron sobre la detención de la pareja o esposo de Lorena Ruiz García durante un operativo de autoridades federales en Apizaco.
La persona fue identificada públicamente como Carlos N. y señalada con diversos nombres y alias. Las publicaciones le atribuyeron presuntos vínculos con actividades de delincuencia organizada, extorsión y cobro de piso en Quintana Roo.
La diputada confirmó la detención, pero se deslindó de las actividades que pudieran atribuirse al detenido. Hasta ahora no se ha presentado públicamente evidencia que permita responsabilizar penalmente a Ruiz García por los delitos investigados contra su pareja.
El caso, sin embargo, generó cuestionamientos políticos y éticos sobre su permanencia al frente de la comisión encargada de analizar y vigilar la legislación contra la trata de personas.
Colectivas y organizaciones exigieron su separación del cargo, pero el Congreso desestimó las críticas. Ruiz García continuó como presidenta de la comisión y meses después fue designada presidenta de la Comisión Permanente, por lo que asumió temporalmente la representación legal del Poder Legislativo.
Cinco años sin indicadores concentrados
Durante sus dos periodos legislativos, Ruiz García ha promovido iniciativas y actividades relacionadas con igualdad, violencia de género, derechos reproductivos, pensión alimenticia y atención psicológica a agresores.
También ha organizado foros y reuniones con colectivos de mujeres, además de participar en sesiones del Consejo Estatal contra la Trata de Personas.
No obstante, no existe un informe público, concentrado y verificable que detalle sus resultados específicos como presidenta de la comisión contra la trata.
La información disponible no permite conocer con claridad cuántas sesiones ha realizado el órgano legislativo, qué dictámenes aprobó, cuáles reformas contra la trata impulsó directamente, qué comparecencias solicitó, qué presupuesto revisó o qué recomendaciones dirigió al Poder Ejecutivo.
Tampoco se ha explicado públicamente qué evaluación se realizó sobre su primer periodo, cuáles fueron los criterios para ratificarla en 2024 ni qué metas deberá cumplir durante la actual legislatura.
Las cifras de detenciones y sentencias difundidas por el Gobierno estatal corresponden principalmente al trabajo de la Fiscalía, los tribunales y las instituciones de seguridad. Sin documentos que acrediten una intervención legislativa concreta, esos resultados no pueden atribuirse como logros personales de la diputada.
El debate no consiste en responsabilizar a Lorena Ruiz por los presuntos delitos de otra persona. La responsabilidad penal es individual y debe acreditarse ante los tribunales.
El cuestionamiento se concentra en la transparencia, la idoneidad y la rendición de cuentas de una legisladora que lleva casi cinco años al frente de una comisión estratégica sin que el Congreso haya publicado una evaluación completa de su desempeño.
El Poder Legislativo debe informar cuántas sesiones ha celebrado la comisión desde 2021, cuáles fueron sus dictámenes, qué iniciativas produjo específicamente contra la trata, qué presupuesto supervisó y mediante qué criterios decidió mantener a Ruiz García durante un segundo periodo.
En un estado marcado durante décadas por denuncias de explotación sexual y redes de trata, la falta de resultados públicos verificables no representa un asunto administrativo menor. Impide conocer si la comisión ha cumplido con su función de legislar, vigilar y exigir cuentas frente a un problema de alta relevancia pública.
