La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) separó a 56 elementos por malas prácticas acreditadas durante los últimos tres años, como parte de la política de cero impunidad del Gobierno del Estado en las corporaciones de seguridad de Tlaxcala.
El titular de la SSC, Alberto Martín Perea Marrufo, informó que estos casos fueron resultado de denuncias investigadas mediante los procedimientos correspondientes, en los que se acreditó la responsabilidad de los elementos involucrados.
El secretario subrayó que, aunque se trata de una minoría dentro de la corporación, la instrucción es actuar ante cualquier señalamiento: investigar, documentar y, cuando existan elementos suficientes, aplicar las sanciones conforme a la ley.
Dependiendo de la gravedad de las conductas, los casos son sometidos a procedimientos disciplinarios. Cuando los hechos pueden constituir un delito, la propia SSC presenta las denuncias ante la Fiscalía, para que las responsabilidades administrativas no excluyan posibles consecuencias penales.
Más de 120 elementos no acreditaron controles de confianza
La depuración institucional también incluye evaluaciones permanentes a los integrantes de la corporación. Perea Marrufo precisó que, durante el mismo periodo, alrededor de 120 elementos no han acreditado los controles de confianza.
Este mecanismo permite verificar que quienes forman parte de las fuerzas de seguridad cumplan con las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones.
El funcionario aclaró que ambas cifras corresponden a procesos distintos: los 120 casos están relacionados con resultados en controles de confianza, mientras que los 56 elementos separados derivan de malas prácticas acreditadas mediante procedimientos administrativos.
Ley de Disciplina Policial fortalece supervisión
Este proceso se complementa con la Ley de Disciplina Policial, aprobada por el Congreso del Estado, que establece obligaciones, faltas y procedimientos aplicables a los integrantes de las corporaciones de seguridad.
La SSC ha reforzado entre sus elementos el conocimiento y cumplimiento de esta legislación, como parte de una estrategia para fortalecer la disciplina, profesionalizar a las corporaciones y cerrar espacios a conductas contrarias al servicio público.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado sostiene una política de cero impunidad también al interior de las instituciones de seguridad, mediante la investigación, sanción y separación de quienes incumplan la ley, al tiempo de fortalecer a las corporaciones encargadas de proteger a las familias tlaxcaltecas.
