Reportaje expone a Mariana Jiménez por «falsa discapacidad»
Un reportaje de «N+Media» reveló a varios candidatos que supuestamente obtuvieron sus candidaturas utilizando certificados médicos falsos para afirmar tener una discapacidad que les habría permitido postularse bajo acciones afirmativas.
El lunes 06 de mayo, el medio nacional «N+Media» publicó un reportaje titulado «Aspirantes usurpadores se adueñan de candidaturas con falsa discapacidad», que expuso a varios candidatos, incluyendo a Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” (PRI-PAN-PRD).
El reportaje cuestiona la autenticidad de los certificados médicos presentados por Jiménez Zamora, quien -supuestamente- se registró en dos ocasiones alegando distintas discapacidades para conseguir su candidatura.
Según la investigación, Mariana Jiménez entregó un certificado expedido por la Secretaría de Salud de Tlaxcala (SESA) que le diagnosticaba una “Discapacidad Permanente” por Fibromialgia Tipo 2, y otro del Hospital Comunitario de Tlaxco, que indicaba “Discapacidad permanente neuromotora”, ambos con el mismo número de acuerdo: INE/CG625/2023.
La coalición “Fuerza y Corazón por México” inscribió a Mariana Jiménez como candidata por mayoría relativa en el distrito 01 con cabecera en Apizaco, mientras que el PAN la registró como candidata plurinominal por la cuarta circunscripción.
Además de Jiménez Zamora, el reportaje también señala a otros candidatos que presuntamente se postularon utilizando certificados falsos de discapacidad: María Cruz Rodríguez, candidata a diputada federal en Jalisco por la coalición “Fuerza y Corazón por México”; Bárbara Escobedo Luján, candidata a diputada federal por Querétaro con la “Coalición sigamos haciendo historia”; y Julio Octavio Rodríguez Villarreal, candidato plurinominal al Senado en Baja California por el Partido del Trabajo.
El reportaje ha generado controversia y preocupación por la posible explotación de las acciones afirmativas destinadas a personas con discapacidad. Las autoridades electorales deberán investigar las acusaciones para determinar si hubo fraude en la obtención de las candidaturas.
