Ampliación de “La Barbaxa”: ¿Un caso de corrupción y abuso de poder en Texoloc?
La reciente remodelación y ampliación del negocio de barbacoa denominado “La Barbaxa”, ubicado en la carretera Texoloc-Tlaxcala, encendió los focos rojos entre los habitantes de la zona. Aunque la supuesta dueña, Nadia González, ha promovido esta expansión como un paso positivo para su negocio, los señalamientos de vecinos sugieren que no todo está dentro del marco legal. Se le acusa de querer apropiarse de terrenos en zona federal, lo que supondría una violación clara de las normativas locales y nacionales.
Este caso toma relevancia al conocerse que Nadia González es hija del exsecretario de Gobierno de Tlaxcala, Sergio González Hernández. Más aún, su esposo, Raciel Sánchez Rincón, ostenta un puesto importante en el gobierno estatal como director de Profesiones y Educación Media Superior y Superior, mientras que su cuñado es el presidente municipal de Texoloc, David Sánchez Rincón. Estas conexiones familiares han desatado la molestia, pues los vecinos temen que la ampliación del negocio sea, en realidad, un ejemplo de tráfico de influencias y corrupción, apenas unos días después de que el presidente municipal tomó protesta.
La principal preocupación de la comunidad es que se esté aprovechando el poder político para beneficiar intereses privados, haciendo uso de influencias familiares para sortear obstáculos legales. Los vecinos han alzado la voz, exigiendo que las autoridades competentes intervengan para evitar un abuso que podría sentar un peligroso precedente en la región. El temor es que el caso de “La Barbaxa” se convierta en una muestra de cómo las redes de poder político pueden imponerse sobre la ley, a costa de los ciudadanos comunes.
La pregunta que los ciudadanos se hacen no es solo si se respetarán las normas, sino si existe la voluntad política de frenarlo. En este sentido, el llamado de la ciudadanía es claro: que el gobierno estatal, en todos sus niveles, investigue el caso a fondo y determine si las acusaciones tienen fundamento, y de ser así, actúe en consecuencia.
Texoloc no puede convertirse en un espacio donde la ley del más fuerte impere. Los habitantes de la región demandan un ejercicio de poder justo y equitativo, en el que todos, sin importar su apellido o conexiones políticas, estén sujetos al mismo marco legal. Es hora de que las autoridades demuestren si están dispuestas a enfrentar los abusos de quienes detentan el poder o si seguirán permitiendo que las influencias políticas sirvan como escudo para el enriquecimiento personal.
El alcalde debe intervenir de manera urgente para suspender una obra que, además de ser evidentemente ilegal, representa un riesgo grave para la seguridad de los ciudadanos que transitan por la zona. Además la zona del estacionamiento del negocio invade el acotamiento del arroyo vehicular, reduciendo el espacio destinado al libre paso de automóviles y peatones. Esta situación no solo incumple con las normativas de urbanización, sino que aumenta considerablemente el riesgo de accidentes viales que podrían tener consecuencias fatales. La protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos debe ser prioridad absoluta, y cualquier obra que ponga en peligro estas garantías debe detenerse de inmediato.
¿Podrán las autoridades intervenir antes de que el abuso sea irreversible? Texoloc espera respuestas claras y acciones contundentes.
