Diputada propone más años de cárcel por abuso sexual en Tlaxcala
En el marco de la vigésima séptima sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada Maribel León Cruz presentó ante el Pleno del Congreso una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 290 y 291 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la que propone endurecer las sanciones aplicables a la persona que cometa el delito de abuso sexual.
En su exposición de motivos, la legisladora León Cruz consideró inadmisible que en el Código Penal local se imponga una sanción menor a un delito que genera graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas, mientras que al delito de robo de ganado se impone una sanción mayor. Esta situación pone en riesgo los derechos básicos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad intelectual, quienes se consideran dentro del grupo de personas vulnerables.
La iniciativa presentada especifica cambios a dos artículos del Código Penal estatal, detallando en el 290 una pena de seis a diez años de prisión y multa de hasta doscientas dieciséis Unidades de Medida y Actualización para quien, sin consentimiento de una persona, ejecute en ella o la haga ejecutar uno o varios actos de naturaleza sexual sin el propósito de llegar a la cópula, aumentando hasta en una mitad en su mínimo en caso de que el agresor hiciera uso de violencia física o psicológica.
Los cambios al Artículo 291 señalan una pena de seis a trece años de prisión y multa de doscientas dieciséis a quinientas Unidades de Medida y Actualización al que ejecute un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula en una persona menor de quince años de edad, en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento, o en alguien que por alguna causa no pueda resistirlo o sea obligada a ejecutarlo en sí o en otra persona. La pena se agravaría hasta en una mitad en su mínimo si se hiciera uso de violencia física o psicológica.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
