Salamanca, España.—En el marco de la Comisión Internacional para el Desarrollo, la senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera Rivera compartió la experiencia legislativa de México para lograr la aprobación de la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, una norma calificada como de vanguardia a nivel mundial.
Rivera Rivera afirmó que, en un contexto de crisis de credibilidad en las instituciones y partidos políticos, la democracia representa una oportunidad para transformar el destino de un pueblo, siempre y cuando exista organización, acceso a la información y mecanismos de expresión para alcanzar representaciones genuinas. Tal fue el caso de México a partir de 2018, lo que permitió el surgimiento de leyes progresistas como la recientemente aprobada ley de alimentación.
Una ley impulsada desde la lucha social
Durante su intervención como Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México, la senadora narró el complejo proceso para consensuar y aprobar la ley, más de una década después de una reforma constitucional en la materia. Señaló que intereses de empresas trasnacionales dificultaron los avances legislativos, al ejercer presión mediante cabilderos en ambas Cámaras del Congreso.
“Se ligó el interés político con el económico. Muchas empresas financiaban campañas y, a cambio, los legisladores no representaban los intereses del pueblo, sino de quienes les pagaban sus campañas”, denunció.
La aprobación de la ley fue posible, aseguró, gracias a los cambios políticos ocurridos tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, que abrieron paso al consenso legislativo. El acompañamiento de organizaciones sociales, académicos, pueblos originarios y sectores ciudadanos fue clave en este proceso.
Un modelo legal de vanguardia
La senadora enfatizó que esta legislación es referente global, al incorporar dimensiones culturales, económicas, ambientales y sociales. Además, establece obligaciones concretas para todas las autoridades de los tres niveles de gobierno bajo principios de progresividad, universalidad, interdependencia, sostenibilidad y participación social.
También prevé medidas específicas para grupos en situación de vulnerabilidad: infantes, personas adultas mayores, con discapacidad, en pobreza o desplazamiento, comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes.
Sistema Intersectorial Nacional
La ley contempla la creación del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC), un órgano de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía y comités de alimentación, encargado de coordinar y evaluar políticas públicas alimentarias, promover coherencia normativa y garantizar mecanismos de participación social.
“El enfoque global de esta ley promueve la educación alimentaria desde edades tempranas, políticas para reducir el desperdicio de alimentos, comedores escolares con criterios de calidad y sostenibilidad, así como compras públicas que favorezcan a pequeños productores”, destacó Rivera.
Democracia para el bienestar del pueblo
La senadora concluyó que leyes como esta demuestran el poder transformador de los parlamentos y la capacidad de legislar en favor de la justicia social y el derecho humano a la alimentación adecuada.
“La alimentación adecuada, entendida como un derecho, puede ser el eje de una política pública más justa, saludable y respetuosa del planeta”, afirmó.
Finalmente, expresó que México está dispuesto a compartir su experiencia y aprender de otros países: “Solo mediante la cooperación interparlamentaria y multilateral podremos avanzar hacia un futuro sin hambre, con justicia social y soberanía alimentaria”.
