Tlaxcala logró una reducción del 30 por ciento en los casos de embarazo infantil, al pasar de un promedio histórico de 100 a 63 casos anuales, resultado de un modelo integral impulsado por el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), informó Belén Vega Ahuatzi, titular del Consejo Estatal de Población (COESPO), durante los Diálogos Circulares.
Vega Ahuatzi recordó que, tras el acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que estableció la atención del embarazo infantil como prioridad nacional, en 2017 se conformaron grupos estatales y municipales. Sin embargo, ante la falta de avances significativos, Tlaxcala decidió rediseñar su estrategia y construir un modelo de intervención integral.
Desde el auditorio “Trinidad Sánchez Santos” de la Coordinación de Comunicación (CCOM), explicó que este análisis derivó en el diseño del Plan de Acción para la Prevención, Atención y Seguimiento de Embarazos en Adolescentes, basado en tres ejes: prevención, fomento a la denuncia y atención con seguimiento puntual de cada caso.
Reducción de indicadores y diagnóstico estatal
La titular del COESPO detalló que la Razón Específica de Fecundidad (REF) en niñas de 10 a 14 años disminuyó de 1.4 a 1.0, equivalente a una reducción del 32.2 por ciento respecto a la media nacional. Asimismo, el porcentaje de embarazos en adolescentes pasó de 16.3 a 15.9 por ciento.
En la población de 15 a 19 años, las tasas estatales de fecundidad muestran una tendencia sostenida a la baja entre 2018 y 2025, reduciéndose de 4 mil 701 a 2 mil 429 nacimientos por cada mil mujeres, según cifras preliminares del sector salud.
Vega Ahuatzi subrayó que el diagnóstico reveló que la mayoría de los embarazos infantiles son consecuencia de violación o abuso sexual, y que alrededor del 90 por ciento de los casos ocurren en entornos familiares. A partir de ello se homologaron criterios y se definieron acciones diferenciadas por grupos de edad, con énfasis en madres y padres de familia en comunidades escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria.
En 2025 se implementó un lenguaje pedagógico adaptado a cada edad para que niñas, niños y adolescentes identifiquen señales de riesgo, comprendan qué es el abuso sexual y aprendan a prevenirlo. Estas actividades se desarrollaron directamente en escuelas primarias y secundarias, involucrando también a madres y padres de familia.
Atención, denuncia y fortalecimiento institucional
En materia de atención, se creó una plataforma interinstitucional coordinada por la Secretaría de las Mujeres, con participación de la Secretaría de Salud, que permite emitir alertas inmediatas y garantizar atención médica, acompañamiento legal y seguimiento integral.
Como parte del fortalecimiento institucional, la también secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) destacó que, mientras en administraciones anteriores operaban solo cinco grupos municipales, en 2025 fueron capacitados 554 servidores públicos municipales, quienes ahora cuentan con formación especializada para prevenir, atender y erradicar el embarazo infantil.
Además, se firmaron compromisos con municipios para dotar a estos grupos de herramientas que permitan replicar las acciones directamente en territorio.
En el eje de denuncia, se impulsaron campañas de sensibilización a través de spots de radio y televisión, orientadas a que víctimas y familias denuncien incluso cuando los hechos ocurren en el ámbito familiar.
Gracias a estos resultados, la estrategia de Tlaxcala fue reconocida por la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) como una experiencia exitosa a nivel nacional, que será replicada en al menos cinco entidades, entre ellas Puebla, Nayarit y Tamaulipas.
Finalmente, Vega Ahuatzi señaló que Tlaxcala avanza en una segunda etapa del plan, enfocada en el fortalecimiento del eje de atención, denuncia y seguimiento mediante un Plan de Restitución de Derechos. Este contempla acompañamiento integral a niñas y adolescentes madres, seguimiento del embarazo, atención médica y apoyo legal en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fiscalía, así como seguimiento a recién nacidos durante sus primeros mil días de vida, con el objetivo de romper ciclos de violencia, reducir brechas de pobreza y garantizar derechos fundamentales.
