Los nacimientos de madres adolescentes de 15 a 19 años en Tlaxcala disminuyeron 49.4% entre 2018 y 2025, al pasar de 4 mil 701 a 2 mil 379 casos, una reducción de 2 mil 322 nacimientos en siete años, informó el Consejo Estatal de Población (Coespo).
Pese a esta disminución, el embarazo infantil continúa siendo un desafío para la entidad. Por ello, el Gobierno de Tlaxcala anunció que ampliará a los 60 municipios la aplicación de la Ruta de Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas (Ruta NAME), con el propósito de detectar oportunamente estos casos, brindar atención especializada y garantizar la protección de sus derechos.
El titular del Coespo y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tlaxcala, Stefano Di Grazia Hernández, detalló que la tasa de fecundidad adolescente también descendió de 70 a 40 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años.
Persisten embarazos en niñas menores de 15 años
En el grupo de niñas de 10 a 14 años, los nacimientos pasaron de 100 en 2018 a 69 en 2025, lo que representa una disminución de 31%. Sin embargo, las autoridades reconocieron la necesidad de reforzar los mecanismos de detección temprana, protección y acceso a la justicia para atender estos casos.
Di Grazia Hernández explicó que la atención de embarazos en menores de 15 años requiere procedimientos especializados que permitan identificar situaciones de riesgo, activar medidas de protección y garantizar la restitución de derechos sin revictimizar a las niñas y adolescentes.
Como parte de las acciones preventivas, el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) coordina una red de 22 instituciones federales, estatales y municipales, con la participación de más de 400 promotoras y promotores juveniles de salud.
Esta red ha desarrollado aproximadamente 4 mil 500 actividades de prevención en escuelas, mediante jornadas de orientación, información y acompañamiento dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
Además, Tlaxcala fue seleccionada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) como sede nacional de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, realizada en la Secundaria Técnica número 4 “José Agustín Arrieta”, ubicada en Chiautempan.
Durante esta jornada se efectuaron más de 20 actividades con la comunidad escolar, enfocadas en educación integral en sexualidad, prevención de la violencia y ejercicio de los derechos de las y los adolescentes.
La titular del Conapo, Gabriela Rodríguez Ramírez, reconoció el compromiso de la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros con las políticas de población y prevención del embarazo adolescente.
Capacitarán a los 60 municipios para atender embarazos infantiles
La siguiente etapa de la estrategia estatal contempla la capacitación y certificación de los grupos de prevención de los 60 municipios en la aplicación de la Ruta NAME, para establecer procedimientos de actuación ante embarazos en niñas menores de 15 años.
El objetivo es que las autoridades municipales cuenten con personal preparado para detectar casos, brindar atención inmediata y coordinar la intervención de instituciones de salud, educación, protección y justicia.
También se busca garantizar el acceso a la justicia sin revictimización, así como implementar medidas de reparación que permitan a las niñas continuar sus estudios y recuperar sus proyectos de vida.
Estas acciones forman parte de la estrategia nacional “Niñas Sí, Madres No”, cuyo manifiesto fue suscrito el 26 de septiembre de 2026 por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y los 32 sistemas estatales, incluido Tlaxcala.
El acuerdo establece el compromiso de avanzar de la prevención hacia la erradicación del embarazo infantil, mediante una respuesta coordinada entre los distintos niveles de gobierno.
Finalmente, Stefano Di Grazia Hernández subrayó que la participación de los ayuntamientos será fundamental para que la atención a niñas y adolescentes no dependa exclusivamente de las instituciones estatales, sino que exista capacidad de respuesta desde cada municipio para prevenir la violencia, identificar situaciones de riesgo y garantizar la protección integral de sus derechos.
